INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR




750.000 firmas para la iniciativa legislativa popular frente a la reforma laboral.


La campaña de CC.OO. y UGT contra la reforma laboral no acabó con la huelga general. Ante la postura de dar marcha atrás del gobierno, se ha impulsado una iniciativa legislativa popular (ILP) para echar abajo la reforma.

El primer paso para llevar a cabo esta ILP es reunir 500.000 de firmas, que es el mínimo que marca la ley para poder llevar la propuesta al Parlamento, mínimo que se ha cumplido y se ha superado, situándose en 750.000 las firmas conseguidas, según los cálculos de CC.OO. y UGT.
El siguiente paso es llevar la ILP al Congreso, donde se iniciaría el debate, que puede acabar con el rechazo de la propuesta. El texto de los sindicatos echa abajo los pilares básicos de la reforma. Por ejemplo, elimina la posibilidad de despedir por causas económicas justificadas – lo que conlleva la indemnización de 20 días por año trabajado – solo con la previsión de pérdidas. “Ha de poner en cuestión la propia viabilidad de la empresa”, expresa la ILP. Otros cambios serían la prohibición de que agencias privadas de colocación intermediaran en el mercado laboral o imposibilitaría que el FOGASA pagara parte de los despidos procedentes.

La recogida de firmas arrancó el pasado marzo, una vez logrado el visto bueno del Congreso y de la Junta Electoral Central, los órganos que tienen que validar el texto legislativo propuesto. En este período, CC.OO. ha recogido algo más de medio millón de firmas, y UGT el resto. Según Antonio del Campo, responsable de Organización de CC.OO, es previsible que un 10% de las firmas decaigan cuando la Junta Electoral compruebe la validez de los apoyos (por duplicidades o falta de datos). A los sindicatos no les preocupa porque han superado holgadamente el listón exigido para la ILP.

Todavía no se ha terminado de recoger firmas, pero ya no se puede demorar mucho la fecha de presentación de la ILP si no quieren que el final de la legislatura se les eche encima. Desde que la Junta certifique que se han recogido las firmas necesarias para llevar al Parlamento la ILP, el Congreso tiene seis meses para admitirla a trámite. Si apurara el plazo, la iniciativa empezaría su andadura en diciembre, apenas tres meses antes de que acabe la legislatura. Casi al mismo tiempo se disolverán las Cortes.

El trámite podría agilizarse si hay voluntad política. No parece que ese vaya a ser el escenario. Ni PSOE ni PP ni los grupos que suelen apoyar al gobierno (PNV, CiU y Coalición Canaria) comparten las tesis sindicales.















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